El Gobierno PP-PAR ha anunciado la reestructuración de sus empresas públicas, un complejo entramado de 103 sociedades participadas con dinero público en diferentes porcentajes y que, según la auditoría elaborada en octubre por la Intervención General, se encuentra en una delicada situación económico-financiera.
Está bien que el Gobierno quiera ordenar y adelgazar la estructura del sector público empresarial y buscar vías para hacerlo económicamente viable. Pero en CHA no comprendemos por qué se niegan a solucionar el otro gran problema de las empresas públicas, también puesto de manifiesto en esa auditoría: la gravísima falta de transparencia. En otras palabras, ¿cómo podremos valorar en el futuro si la reestructuración anunciada es la que debe ser, si no tendremos acceso a más información sobre ella que la que el propio Gobierno quiera hacernos llegar?
Y es que las empresas públicas actúan al margen del legislativo, fuera del control parlamentario. Los grupos de la oposición en las Cortes no podemos acceder a más información económica y contable que la que está a disposición de cualquier particular en el Registro Mercantil. Y no somos informados sobre su gestión.
Incluso, se nos niega la copia de contratos, como el suscrito por la empresa pública Ciudad del Motor con Dorna Sports para organizar en Motorland el Mundial de Motociclismo hasta 2016 (seguimos sin saber cuánto dinero público va a costar), o los contratos de reserva de oficinas firmados por la empresa pública Expo Zaragoza Empresarial con distintas compañías, contratos que están siendo ahora resueltos a causa del incumplimiento de plazos y compromisos, lo que va a suponer un enorme coste económico. En todos estos casos el Gobierno se ha escudado en la existencia de cláusulas de confidencialidad pactadas con los particulares para no entregar copia de los contratos.
Es necesario y urgente acabar con este régimen de opacidad y arbitrar medidas para que todos los grupos en las Cortes estemos informados de cómo se gestiona el dinero público en las empresas públicas. Ahora, lógicamente, lo están los grupos que sustentan al gobierno, y también el grupo mayoritario de la oposición, al que se garantiza su presencia en los órganos de administración de algunas empresas públicas. Pero el resto no. ¿Por qué? Es incomprensible y antidemocrático.
Las mínimas exigencias de transparencia imponen que en las empresas públicas haya representantes de todos los grupos parlamentarios, lo que incluye a todos los de la oposición. El grupo parlamentario CHA así lo ha planteado en el Pleno de las Cortes, pero votaron en contra tanto los partidos que apoyan al Gobierno, PP y PAR, como, en un ejercicio de insolidaridad política con el resto de la oposición, todos los diputados y diputadas del PSOE.
¿Por qué no quieren PP, PAR y PSOE que tengamos un representante en las empresas públicas? ¿Quieren ocultar algo? Su negativa a abrir los órganos de administración de las empresas públicas a toda la oposición les deslegitima para seguir hablando de transparencia en la gestión pública.
